Aunque el Gobierno del presidente Joe Biden aún no catalogan así la ola de migrantes que ha comenzado a llegar a la frontera con México, especialmente menores no acompañados, otros funcionarios repúblicanos e incluso demócratas finalmente creen que están frente a una crisis humanitaria fronteriza.
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo ayer que considera que la llegada de niños no acompañados a la frontera sur en los últimos meses representa “una crisis humanitaria” para su país.
Pelosi declaró a medios estadounidenses que “la administración Biden tendrá un sistema basado en hacer el mejor trabajo posible, entendiendo que esto es una crisis humanitaria”, y que el Gobierno “está tratando de arreglar el sistema roto que le heredó la Administración Trump”.
Reportes de la cadena Telemundo que citan a funcionarios de la Patrulla Fronteriza (CBP) alertan que entre los migrantes que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, hay cientos de menores de edad.
Solo en febrero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza interceptó a más de 9,400 menores de 18 años no acompañados, más que los que detuvo en el mismo mes de los últimos tres años.
Asistencia ante una emergencia
El Gobierno de EE.UU. se ha resistido a calificar como crisis la creciente llegada de migrantes a la frontera. Pero este sábado el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, ordenó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) el apoyo durante los próximos 90 días para recibir, albergar y trasladar de manera segura a esos niños y adolescentes migrantes.
Niños duermen el suelo
Y para retratar mejor la situación un equipo de abogados que representa a menores migrantes entrevistó recientemente a algunos niños y adolescentes que cruzaron solos la frontera y fueron detenidos en un centro de la Patrulla Fronteriza en Donna, Texas.
Según contaron los defensores a la cadena CBS News, esa instalación alberga un “número asombroso” de niños migrantes en condiciones de hacinamiento y sin cumplir los protocolos sanitarios.
El pasado 2 de marzo, ese centro de detención albergaba a más de 1,800 personas, a pesar de que su máxima capacidad debería ser de 250, de acuerdo con un documento interno de la CBP.